Hay tres verdades que nadie discute en España, porque son evidentes:
Una, que el índice de natalidad es ínfimo, porque las mujeres españolas no están por la labor de tener hijos, cuyas causas son muchas, estando la mayoría de ellas en la mente de todos, lo que nos aboca a una pirámide demográfica, en poco tiempo “insostenible”.
Dos, que el paro femenino ocupa unos porcentajes tan altos, que aquellas familias con muchas féminas, no saben qué camino tomar, que les conduzca a algún lugar no ocupado por las “depresiones”.
Tres, que las pensiones (al menos las públicas), corren un alto riesgo de desaparición, o, al menos, de reducción hasta profundidades de carácter simbólico, de museo arqueológico, que nos puedan servir de recordatorio, como los dinosaurios, o algo por el estilo.
Las tres cuestiones están unidas por eslabones muy fuertes, pero, estimo, que con pequeñas modificaciones, el panorama que se nos presentaría, en un plazo no muy lejano, no tendría nada que ver con el color negro actual. Veamos que ocurriría si:
-A la mujer española, se le propusiera tener hijos en las siguientes condiciones:
Aplicación de 3, 4 o 5 años en sus periodos de cotización por tener 1, 2 o 3 hijos, es decir, 3 años por el primero, 4 por el segundo y 5 por el tercero. Con esta medida, si tuviera 3 o más hijos, además de las ventajas de familia numerosa, su periodo de cotización se vería reducido en 12 años, a lo largo de su vida laboral, aplicándole las bases por las que estuviera cotizando en el momento del parto, o del salario mínimo, si no estuviera trabajando.
Durante las 16 semanas de baja maternal, sería sustituida por otra mujer “española”, debidamente seleccionada por los servicios de RRHH de la empresa correspondiente, acudiendo a las bolsas de trabajo establecidas al efecto, cobrando el mismo sueldo base de la sustituida, pagando la Seguridad Social 2 meses de adecuación al puesto de trabajo, en concepto de cursos de formación. Con esta medida, quedaría protegido el puesto de madre, las empresas estarían más tranquilas y se crearían unas expectativas para las mujeres, que acabarían con muchos de sus miedos para gestar. Si no se toman medidas de este tipo, dentro de 30/40 años, no quedaremos españoles en España. Esta medida no implica ninguna discriminación, ni xenofobia, puesto que no cambiaría nada las condiciones que se establezcan para los inmigrantes, en cuanto a los periodos de nacionalización, para aquellos que pretendan quedarse a vivir siempre en España.
Con respecto a las pensiones, por mucha demagogia que le quieran imprimir las distintas fuerzas políticas, los llamados agentes sociales y todos los “chupópteros” juntos que nos rodean, no tenemos más remedio que ponernos como objetivo para cobrar la pensión máxima, cotizar 40 años o más, tomar como base todo el periodo de cotización, no cobrar nunca antes de los 65 años, aunque haya que primar la cotización de más de 40 años, establecer la obligatoriedad de planes de pensiones complementarios, de, al menos, un 3 por ciento de los honorarios fijos, gestionados por el Estado, con un coste de mantenimiento bajo (entre un 0,25 y un 0,50%, no como los que cobran los Bancos y Cajas, que oscilan entre el 1,25 y el 2,-%), destinando dichos fondos a la suscripción de Deuda Pública del Estado. Con estas medidas y consiguiendo que los costes de gestión de la Administración Pública se reduzcan entre un 30 y un 50% en los próximos 5 años (NO ES NECESARIO REBAJAR EL SUELDO A LOS FUNCIONARIOS, SINO REDUCIR PUESTOS SOLAPADOS, AUTONOMÍAS Y MUNICIPIOS SI FUERA NECESARIO), podríamos dormir tranquilos los próximos 100 años en esta España nuestra. Tengamos en cuenta que todo lo que supere el 3% en gastos de gestión del producto generado en cualquier sector económico es “Insostenible”, o al menos considerados sus responsables de pésimos gestores.
La pregunta es: ¿Quién le pone el cascabel al gato?
J. Valencia
jueves, 31 de marzo de 2011
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